El golpe de Estado en Honduras y la represión contra los opositores volvió a traer al primer plano de la vida nacional los tiempos en que las dictaduras militares y los escuadrones de la muerte sembraron el terror en la región.

Desde que en 1933 Tiburcio Carias se impuso en el poder con el apoyo de las tiranías de países vecinos y las transnacionales bananeras norteamericanas, el país centroamericano ha sufrido seis cuartelazos.

El primer gobierno civil en décadas se formó en 1982, cuando Roberto Suazo Córdoba fue elegido en las urnas, sin embargo, el país siguió bajo la ocupación militar de Estados Unidos.

Desde ese territorio Washington apoyó a la contrarrevolución nicaragüense y financió y entrenó a los grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, responsables de la desaparición de miles de personas.

Son hechos del pasado que para muchos jóvenes resultan desconocidos y para los más viejos habían quedado atrás, y ahora en pleno siglo XXI se repiten con la asonada perpetrada por los militares y la oligarquía contra el presidente Manuel Zelaya.

En la madrugada del domingo 28 de junio, justo el día de la celebración de una consulta popular en torno a la Constitución, efectivos fuertemente armados secuestraron al mandatario en su residencia y lo llevaron a Costa Rica.

"La cúpula de las Fuerzas Armadas me ha traicionado. Han invadido mi casa, amenazaron con dispararme. Este es un secuestro brutal contra mi persona, sin ninguna justificación", denunció Zelaya en el aeropuerto de San José.

El jefe de estado responsabilizó con la asonada a una elite muy voraz, con mucho control en el Congreso Nacional, la cual maneja política y económica el país y se opone a cualquier cambio que afecte sus intereses.

Antecedentes del complot

Manuel Zelaya asumió la presidencia el 27 de enero de 2006 tras ganar los comicios de noviembre de 2005 como candidato del Partido Liberal.

A diferencia de sus antecesores, su gobierno se caracterizó por priorizar las relaciones con el sur.

Así, por ejemplo, este país ingresó al proyecto energético Petrocaribe y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

A principios de 2009 Zelaya impulsó una consulta popular sobre reformas a la Constitución, convencido de que la actual no permite realizar cambios para superar los rezagos sociales, en una nación donde 70 por ciento de sus habitantes están en la pobreza.

La encuesta, prevista para el 28 de junio, tenía el propósito de conocer si la ciudadanía estaba de acuerdo en instalar una urna en los comicios de noviembre para la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Aunque la iniciativa contaba con el respaldo de amplios sectores populares, indígenas, campesinos, estudiantes, sindicalistas e intelectuales de reconocido prestigio, fue rechazada por la oligarquía, contraria a la ruptura del status quo.

Los entresijos de la asonada

Cuando sólo faltaban cinco días para la encuesta, el Congreso, dominado por la oposición, aprobó una ley de última hora que prohibía la celebración de referendos y plebiscitos en los 180 días antes y después de los comicios.

Amparado en esta normativa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte Suprema de Justicia aprovecharon la coyuntura para declarar ilegal la consulta, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, se sumó al complot al negarse a repartir el material electoral.

La crisis generada por sectores interesados en promover el caos, obligó al presidente a sustituir al general Vásquez, sin embargo, en un hecho inédito, la Corte Suprema de Justicia desconoció la autoridad del mandatario como comandante de las Fuerzas Armadas y repuso al general.

De manera casi simultánea en el Congreso grupos opuestos a la consulta conformaron una comisión con el fin de declarar no apto para el cargo al presidente.

Zelaya calificó esta maniobra como un "golpe de estado técnico" y llamó al pueblo el 26 de junio a acompañarlo a la base Hernán Acosta Mejía para sacar de ahí el material electoral decomisado por magistrados del TSE y fiscales del Ministerio Público.

En una conferencia de prensa ofrecida esa misma noche, declaró conjurado el golpe, aunque reconoció que "la amenaza está latente".

Debido a la situación creada por los militares, el gobierno decidió acuartelar al ejército y designar a la Policía Nacional y a las organizaciones populares para custodiar las urnas.

El 27 de junio ya estaba distribuido el material para la consulta en las 15 mil mesas receptoras instaladas en colegios, parques e instituciones de todos los municipios, gracias al apoyo de 45 mil voluntarios.

Sin embargo, a las 05:00 de la mañana del día siguiente decenas de militares penetraron por la fuerza en la residencia del presidente, lo golpearon y sacaron del país.

"He sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Este secuestro es un zarpazo al país, una bofetada al mundo entero, es un retroceso de 40 ó 50 años a los tiempos de la doctrina de la seguridad nacional", denunció el mandatario.

Para avalar el golpe, sus cabecillas falsificaron una carta de Zelaya, donde presuntamente éste presentaba su renuncia por razones de salud, y nombraron como sustituto al hasta ahora presidente del Congreso, Roberto Micheletti.

¿Quién es Micheletti

Este es un empresario de origen italiano, dueño de redes del transporte interurbano, que ha logrado mantenerse en el Parlamento durante 28 años, aunque paradójicamente se opone a cualquier reforma constitucional que incluya la reelección presidencial.

Entre finales de los años 50 y principios de los 60 fue miembro de la guardia personal del presidente Ramón Villeda Morales, derrocado por un golpe de estado en 1963.

Después de la asonada se trasladó a México, donde comenzó sus estudios superiores, y de ahí se radicó varios años en Estados Unidos, hasta que a inicios de la década del 80 regresó a Honduras.

Micheletti fue mencionado como uno de los sospechosos del atentado cometido en septiembre del pasado año contra el fiscal Luís Javier Santos, quien había emprendido un movimiento contra la corrupción.

En aquella ocasión, el miembro del Ministerio Público Harry Dixon declaró que la violencia contra los funcionarios provenía del Congreso Nacional.

El pasado año Micheletti participó en los comicios internos del Partido Liberal para optar por la candidatura presidencial, pero fue derrotado por su rival, Elvin Santos.

Después de buscar sin éxito la primera magistratura por la vía electoral, este empresario, uno de los más férreos opositores a la consulta, llega a la presidencia gracias a un golpe militar.

Reacción internacional

Lo que no midieron los golpistas fue el repudio que en la arena internacional y dentro del propio país iba a generar el cuartelazo.

La ONU, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Grupo de Río, la Comunidad del Caribe, el Sistema de Integración Centroamericana, la OEA, la Unión Europea, y un sin fin de gobiernos y mecanismos regionales condenaron la asonada.

La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de repudio al golpe e instó a las naciones del mundo a no reconocer a ningún otro gobierno que no fuera el de Zelaya, mientras la OEA decidió suspender a Honduras de ese organismo.

Muchos países retiraron a sus embajadores del territorio hondureño, organizaciones financieras le cortaron los créditos y las naciones vecinas decretaron un bloqueo al comercio por 48 horas para forzar a los usurpadores a entregar el poder.

En el plano interno, organizaciones populares y políticos progresistas convocaron a un paro nacional y se declararon en resistencia permanente hasta lograr el retorno de su presidente.

Numerosas manifestaciones de protesta se realizan cada día en Tegucigalpa, la capital, en San Pedro Sula, la segunda ciudad en importancia del país, y en muchos otros departamentos para exigir el fin del régimen golpista.

La manifestación más grande registrada aquí en décadas se realizó en la capital el pasado domingo, cuando más de 100 mil personas marcharon hasta el aeropuerto para darle la bienvenida a su presidente.

El régimen de facto impidió el aterrizaje en Toncontín del avión donde viajaba Zelaya y desató una feroz represión contra la manifestación pacífica que dejó un saldo de dos muertos y decenas de heridas.

Pero, a pesar de la represión, las organizaciones populares integradas en el Frente contra el golpe anunciaron su disposición de redoblar sus esfuerzos hasta lograr la caída de los usurpadores del poder y lograr el regreso del orden institucionalidad.

"Atentaron contra Mel por promover una constitución participativa, por gobernar para los pobres", dijo Alba Mejía, educadora de la ciudad de Santa Bárbara.

Zelaya, un presidente del pueblo

La propuesta de Zelaya de convocar a una consulta en torno a la Constitución caló hondo en sectores históricamente excluidos que por primera vez vieron la posibilidad de participar en las grandes decisiones nacionales y contar con una Carta Magna acorde a sus aspiraciones.

La Ley Primigenia de la nación fue aprobada en 1982, bajo la tutela de una dictadura militar, y no responde a la realidad social, económica y política del país, ni a los intereses de la mayoría.

Esta carta magna contiene siete artículos denominados pétreos que son inamovibles y están referidos a la forma de gobierno, el territorio y la no reelección presidencial.

Los detractores de las reformas intentan confundir a la opinión pública con el argumento de que la intención del presidente es continuar en el poder, a pesar de que Zelaya ha prometido entregar el cargo en enero de 2010.

Quienes avalan la consulta plantean la necesidad de una Ley de Leyes que conduzca a transformaciones en el campo, otorgue al Estado el poder para promover la generación y distribución de la riqueza y fortalezca las empresas estatales a fin de evitar la privatización.

Asimismo abogan por un sistema tributario de manera que paguen más quienes más ganen y las transnacionales no evadan los impuestos.

"Obviamente la burguesía y sus altavoces ven en esto un juego de suma cero, lo que gana el pueblo lo pierden ellos", dijo con acierto un analista político.

Esta razón, unida a las evidencias de una amplia participación popular durante la consulta, llevó a los grupos de poder económico y político a promover el golpe de Estado que retrotrajo al país a los tiempos de los regímenes militares.