Ciudad de Guatemala – La Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucional la Ley del Adulto Mayor, que garantizaba una pensión mensual equivalente a 76 dólares a los mayores de 65 años.

El máximo tribunal guatemalteco determinó que la normativa, que beneficiaría a unas 50.000 personas mayores de 65 años que no cuentan con cobertura social, no establecía ninguna fuente de financiamiento.

"Se tiene que respetar la decisión de la Corte de Constitucionalidad, pero invito a los representantes de los adultos mayores para que nos sentemos a discutir un nuevo anteproyecto de ley para enviarlo al Congreso", sostuvo a periodistas el presidente Oscar Berger, quien se encuentra en una gira de trabajo por Quiché (oeste).

Por su parte, impulsor de la norma, el diputado Manuel Baldizón, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (derecha), rechazó los argumentos de la Corte, al señalar que la misma determina que los recursos para hacerla efectiva saldrían del 1,85% de la recaudación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

"Vamos a presentar un recurso de ampliación y aclaración, pues esto nos parece una jugarreta contra las personas de la tercera edad que no cuentan con cobertura social y menos aún con los ingresos necesarios para sobrevivir", afirmó el legislador en rueda de prensa.

La resolución también cayó como "balde de agua fría" a unos 30 ancianos que mantienen, desde principios de junio pasado, una huelga de hambre frente al máximo tribunal guatemalteco, toda vez que, según ellos, sus demandas no fueron escuchadas.

"Al gobierno no le interesan los problemas de las personas de la tercera edad, quienes ahora no tenemos como sostenernos luego que durante nuestra vida productiva contribuimos al desarrollo de Guatemala con el pago de nuestros impuestos", señaló el dirigente de los ancianos, Héctor Montenegro.

Y, aunque no dejó claro si aceptarán la propuesta del mandatario, Montenegro anunció que revocarán la huelga de hambre, para analizar otras medidas de hecho para exigir atención a sus demandas, mismas que podrían empezar con protestas frente a la sede de la Corte.