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El fracaso neoliberal en Nicaragua, según Oscar René Vargas

Oscar-René Vargas, especial para ARGENPRESS. | 27 agosto de 2006

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Nicaragua es un país muy complejo y en ningún caso se puede aplicar un análisis de brocha gorda para abordar sus problemas y retos, para cantar glorias y alabanzas al progreso o para elaborar una crítica tan despiadada como superficial y olvidarse de algunos aspectos en los que, de manera indudable, se avanza. Despacio, eso sí. Menos de lo necesario, eso siempre. Durante cerca de dos décadas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos que controlan esas instituciones han predicado consecuentemente a los gobiernos neoliberales y débiles, como el de Nicaragua, que deben reducir sus gastos públicos sociales. Las políticas económicas basadas en la fe ciega en la privatización de los recursos estatales, en la reducción en los gastos públicos y la desregulación en general han creado un infierno de laissez-faire para la gran mayoría empobrecida. La "nueva era", prometida por Enrique Bolaños no se produjo. Más bien, el gobierno siguió las inercias que ya estaban presentes en la coyuntura del año 2000, así no se reconocieran todos sus signos: la preeminencia de los medios como modeladores de la conciencia social, la concentración del poder en una elite divorciada de la ciudadanía, el culto al mercado y el temor clasista a la pobreza, el respeto sagrado al equilibrio macroeconómico, la ausencia de cualquier equivalente de proyecto cultural, la asunción de la democracia con minúsculas, en fin, la falta de una visión de futuro. Analizando la situación y la evolución socio-económica de los últimos dieciséis años no se puede negar que algo va mal. Las desigualdades aumentan de forma insostenible, los derechos laborales y sociales son cada vez más recortados en nombre del libre mercado, el cambio climático deja sentir las primeras –aunque todavía suaves- consecuencias, la salud de la población sufre claramente de un estilo de vida poco saludable, la violencia física y síquica dentro de la sociedad aumenta. Entre 1990 y 2006, más de 2 millones de personas se han incorporado a la pobreza. El 82 por ciento de la población, es decir, más de 4.2 millones de personas, sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza y más de 2.1 millones de nicaragüenses malviven en la indigencia. Estas cifras, tremendas e insoportables, se dan en el marco de la subida relativa, pero descenso absoluto, del gasto social y de una caída significativa en la eficacia de su empleo. Así, según la CEPAL, los recursos por habitante dedicados a salud, educación, vivienda y protección social han disminuido desde 1990. Escenario ambiguo. Por otro lado, tanto quienes subrayan lo obvio, que sin crecimiento no hay reducción de la pobreza, como quienes consideran que ese crecimiento es la panacea, la herramienta única y suficiente para la erradicación de todos los males, se encuentran en Nicaragua con un escenario ambiguo. En efecto, el país crece. Es más, crece por encima de lo que lo ha hecho en los años anteriores. Sin embargo, el bajo crecimiento del producto interno bruto, la aguda inestabilidad de la macroeconomía real y la inequitativa distribución del ingreso resultante, han sobrepasado con holgura los resultados positivos. La larga crisis y el costo social del modelo neoliberal aplicado desde los años 90 agudizaron los profundos dramas de una sociedad empobrecida y ya se ha hecho habitual ver a niños viviendo en las calles, ancianos mendigando, familias comiendo de la basura o profesionales manejando taxis. Los datos de la miseria son escalofriantes en la niñez. Son en los niños y niñas y los adolescentes, en quienes la pobreza golpea más duro. Por otro lado, la educación es un desastre, las escuelas primarias muchas ni luz tienen. El gasto por alumno del Ministerio de Educación pasó de 84 dólares anuales en el año 2000 a 73 dólares en el año 2005. El 76 por ciento de las escuelas públicas de Nicaragua no reúne los requisitos más elementales para funcionar como centros de enseñanza y los salarios de los maestros no les alcanza para comprar una canasta básica. Más del 33 por ciento de la población adulta de Nicaragua es analfabeta, de la cual más del 50 por ciento son mujeres. Es decir, cerca de un millón de personas de más de 15 años carecen de capacidades básicas en lectura, escritura y cálculo. No hay que olvidar que el analfabetismo va unido a la extrema pobreza, ya que la tasa de alfabetización guarda una muy estrecha relación con los niveles de ingresos. Al dejar a 934 mil ciudadanos al margen de la sociedad, las políticas nacionales frenan la posibilidad de cumplir los objetivos del Milenio, entre ellos la educación para todos y la reducción de la pobreza. El desafío planteado por la alfabetización sólo se podrá afrontar si dirigentes políticos se comprometen a actuar, adoptando políticas de alfabetización explícitas. La sociedad del conocimiento significa el surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico, organizado en torno a nuevas tecnologías de la información más potentes y flexibles, que convierten a la información en un elemento clave del proceso de producción global y del crecimiento económico. Es en el Internet, en donde se puede valorar la síntesis que genera la sociedad del conocimiento, al momento de generar un nuevo espacio artificial en donde lo virtual se funde con el sistema económico para generar un novedoso paradigma tecnocultural. El proceso de fusión de lo virtual y lo económico lo inician los países del primer mundo. Teniendo a la cabeza a Estados Unidos. Nicaragua se encuentra tan sólo a la expectativa de recibir las indicaciones tecnológicas de EEUU La distancia para alcanzar la sociedad del conocimiento aumenta de una manera drástica cuando contamos con un atraso de un siglo en ciencia y tecnología. El actual adelanto científico-tecnológico, ha contribuido a crear las condiciones adecuadas que inauguran una nueva era del capitalismo. Ahora el nuevo origen de la riqueza y del poder, ya sea económico, político o militar, se encuentra en la capacidad de generar y manipular conocimiento de vanguardia. Nuevas desigualdades. En Nicaragua la pobreza va en aumento. Las viejas desigualdades políticas, económicas y sociales se intensifican. Y no conformes con tener que enfrentar las viejas desigualdades hay que sumar las nuevas desigualdades propias de la sociedad del conocimiento. Desigualdad que ahora se identifican con la palabra "brecha digital". La "brecha digital" que se ve reflejada en el desigual acceso al mundo del Internet. Los usuarios de la Internet en Nicaragua solamente alcanzan al 1 por ciento de la población total. En este sentido, la idea de distribución social del conocimiento se presenta como el elemento clave que nos puede permitir impulsar un proceso de descentralización y socialización del conocimiento, para lo cual es necesario construir estrategias de distribución social del conocimiento que permitan a la mayor parte de la población el acceso a los principales beneficios de la sociedad del conocimiento. La crisis en el sistema de salud es producto del recorte del gasto, como indica el modelo neoliberal. En 1989, el Estado invertía en salud 35 dólares por persona por año. En el 2005, la inversión fue de 16 dólares por persona por año. En medicamentos la inversión era de 45 millones de dólares en 1990, en el 2005 fue solamente de 12 millones de dólares. Para el 2005, sólo el 40 por ciento de la población nicaragüense tiene acceso a los medicamentos esenciales, en Costa Rica es el 90 por ciento. En Nicaragua, dos tercios del gasto en medicamentos lo asumen las familias y no el Estado, y esto es una verdadera tragedia en un país como el nuestro, donde el 82 por ciento de la población sobrevive con menos de dos dólares diarios, el 43 por ciento de esa población con menos de un dólar al día. En este contexto de miseria es la gente la que tiene que pagar los medicamentos de su propio bolsillo. La pauperización actual es perdurable porque no se limita a los desocupados, sino que afecta también a los trabajadores precarizados e informales. Por eso el problema no se resuelve únicamente creando empleo, ya que la mitad de los asalariados trabajan con sueldos inferiores al umbral de la pobreza. En esas condiciones la pobreza es como una enfermedad contagiosa que se propaga continuamente por todo el país. Los pauperizados sufren, además, el recorte del programa sociales introducido por los gobiernos neoliberales. La reducción compulsiva de planes sociales empuja a los oprimidos a aceptar trabajos de extrema explotación. El gobierno convalida este tormento al bloquear la generalización del subsidio y promover su fragmentación en programas focalizados. Agua es derecho, no negocio. Hace 16 años nos dijeron, véase el discurso de Antonio Lacayo del 4 de marzo de 1991, que la empresa privada iba a resolver todo y privatizaron todo. Sin embargo, no se puede privatizar los servicios públicos, como lo han venido haciendo, sin tener efectos negativos en la población pobre. Ahora quieren privatizar el agua. Eso no puede ser. El agua es un derecho humano, no un negocio. Hemos vivido un saqueo permanente de nuestros recursos naturales. Hablaron de traer capitales y han descapitalizado al país. Los nicaragüenses educados aquí, en nuestras escuelas y universidades, tienen que buscar trabajo afuera, y mal pagado. Como resultado de las "capitalizaciones", en Nicaragua se exporta al "capital humano". Estamos exportando nicaragüenses que van al exterior a lavar platos y realizar los trabajos más duros. Dieciséis años después del inicio de las políticas neoliberales, existe desilusión por los resultados obtenidos en lo concerniente al crecimiento y la equidad social, los cuales han provocado dramáticos cambios en la importancia relativa del Estado, cuya esfera de acción se vio disminuida, en medio de la desregulación, las privatizaciones masivas y el repliegue de la inversión y del gasto público, para abrir más espacio a la actuación de los agentes privados. Todo esto se hizo con el objetivo de mejorar el entorno para las actividades productivas y obtener un crecimiento sostenible más elevado del PIB. Sin embargo, lejos de ello, el balance de las "reformas" deja también una serie de fracasos, especialmente en términos de crecimiento sostenido y equidad. A ello se suma una notoria ausencia de rendición de cuenta por las decisiones tomadas. Se han cometido impresionantes errores en el diseño y aplicación de las reformas, a los que se agrega una débil capacidad para reconocer fracasos y corregirlos en forma oportuna. Los últimos dieciséis años pueden ser medidos por sus promesas rotas y esperanzas postergadas. La media de crecimiento del PIB entre 2000 y 2006 se sitúa, si tenemos en cuenta un crecimiento del 4.0 por ciento previsto por el Banco Central de Nicaragua para el 2006, en el 3.3 por ciento, por encima del promedio entre 1990 y 1999 (que fue de 0.70 por ciento) pero siempre por debajo del 7.0 por ciento de media que necesita el país para poder comenzar a reducir los actuales índices de pobreza. El crecimiento económico fue bueno pero, de nuevo, no suficiente. Es decir, el crecimiento económico ha sido bajo y volátil. Lo específico del repunte económico es su empalme con una coyuntura internacional particularmente favorable. Si este viento de cola no es ocasional, el ascenso en curso podría perdurar. Si por el contrario la economía internacional declina tenderán a reaparecer los tradicionales temblores de la recesión. De hecho, el crecimiento anual del ingreso per cápita fue aproximadamente de un cuarto de punto porcentual en el periodo 1990-2005 y se estima que, en el 2005, unos 4.2 millones de personas (82 por ciento de la población) vivían por debajo de la línea de pobreza. El insatisfactorio desempeño económico y escaso progreso social que ha exhibido ponen en duda la efectividad de las políticas económicas y sociales puestas en práctica por las autoridades nacionales, que en los últimos 16 años, aproximadamente, han estado inspiradas por los principios del Consenso de Washington. Crecimiento no necesariamente es bienestar. El crecimiento económico no implica necesariamente bienestar social, ya que actualmente cuatro de cinco personas viven con menos de dos dólares al día, lo que les lleva a restringir su alimentación, gastos en educación y salud. Para reducir la pobreza es necesario mejorar la calidad de la educación y ampliar las oportunidades para llegar a los niveles secundarios y terciarios, estimular la inversión en infraestructura, extender el acceso a los servicios crediticios y financieros a los pequeños y medianos productores, preservar la estabilidad macroeconómica y ejecutar políticas sociales efectivas. A pesar de que oficialmente la reducción de la pobreza fue prioritaria en la última década, la combinación de crecimiento lento y desigualdad persistente generó pobreza crónica e insatisfacción social. En general, la reducción de la desigualdad de ingresos y riqueza, así como el fomento de la participación popular, entre otros objetivos sociales, no han sido prioritarios en las políticas concretas. La apuesta a una estrategia de reducción de la pobreza impulsada por el crecimiento arrojó resultados insatisfactorios. El número de personas desempleadas en Nicaragua registró un nuevo aumento en el 2005, evidenciando que el crecimiento económico no logró compensar el aumento en la cantidad de personas que buscan trabajo, sobre todo entre el grupo cada vez más numeroso de jóvenes sin empleo. Estamos enfrentando una crisis del trabajo, y un déficit de trabajo decente que no se va a resolver sin hacer nada. Son necesarias nuevas políticas y acciones para enfrentar estos problemas. Un buena parte de los campesinos y trabajadores agrícolas abandonan una vida rural de pobreza con la esperanza de encontrar algo mejor en la ciudad, pero su situación mejora poco o nada en trabajos ocasionales o en el comercio de objetos de poco valor. Todo esto está retrasando la reducción de la pobreza. El actual modelo de crecimiento socialmente segmentado y económicamente especializado no genera aumentos de la producción, asociados a la mejora popular del poder adquisitivo. El gobierno afianza este desequilibrio cuando auspicia "cuidar la tasa de crecimiento" rechazando los incrementos de salarios. Los funcionarios asimilan cualquier dificultad actual a malestares positivos del crecimiento. Afirman que es mejor padecer los problemas de la recuperación que las tragedias de la crisis. Pero esta constatación es una verdad a medias, porque el capitalismo siempre combina ambas desventuras. Es falso presentar a la reactivación como un momento de plenitud y a la depresión como un mal inevitable. En ambas situaciones los capitalistas se lucran y los oprimidos sufren. El sida y las enfermedades endémicas y la mortalidad infantil y los índices de fecundidad vuelven a mostrar aspectos negativos y positivos. Por un lado, el país no logra ser eficaz en materia de prevención contra el sida. Entre 2000 y 2005, se incremento el número de personas que murieron a causa de esta enfermedad. Además, se han registrado nuevos casos, con lo que el número total de enfermos aumentó. Por último, y a pesar de los continuos avances, el índice de prevalencia se incrementó. Desigualdad, el verdadero mal. Los temas demográficos presentan un perfil más alentador. Según el documento de la CEPAL, "Panorama Social de América Latina 2005" tanto la mortalidad infantil como la fecundidad se han reducido en los últimos 15 años. Sin embargo, a la hora de hablar de distribución de esas cifras, las clases y las regiones más pobres presentan, de nuevo, los peores registros. Y es que, en cualquier materia que se aborde, la desigualdad social se ha convertido en el verdadero mal de Nicaragua. La baja recuperación del salario, la persistencia del desempleo y la magnitud del empobrecimiento son consecuencia de un modelo estructuralmente adverso a la redistribución del ingreso. La brecha entre el 10 por ciento más rico y más pobre de la población se sitúa en 48 y 54 veces. De acuerdo al "Informe sobre Desarrollo Humano 2005" del PNUD, el 10 por ciento de la población más pobre tiene un 0.9 por ciento de la participación en los ingresos o consumo, frente al 44.7 por ciento de la participación del 10 por ciento más rico. Cualquiera sea la reducción reciente de esta polarización, la desigualdad se afirma como un rasgo estructural del actual modelo neoliberal. A lo largo de los años 1960 y 1970, el 1 por ciento de más rico de la población acaparaba aproximadamente el 12 por ciento del Ingreso Nacional, pero a partir de 1990 cambió la tendencia y se desarrolló un proceso de rápida concentración actualmente en curso, en el 2000 ese 1 por ciento ya absorbía el 16 por ciento del Ingreso Nacional. Contrariamente a lo que enseña cierta ortodoxia económica la concentración por arriba no engrosó la corriente del ahorro ni la inversión sino la del consumo. Las desigualdades estructurales impiden la conversión de creación de riquezas en desarrollo humano. Estas desigualdades también apuntan a falencias en las políticas públicas y a la incapacidad del gobierno de poner en marcha estrategias destinadas a extender las oportunidades hacia los grupos pobres, marginados o desfavorecidos. Cuanto más elevado es el nivel de las desigualdades, menos disminuirá el crecimiento la pobreza. Si las desigualdades se acentúan, una tasa de crecimiento más fuerte se torna necesaria para disminuir la amplitud de la pobreza que si ellas se hubiesen mantenido estables. La tasa de inversión salió del pozo con la reactivación en los últimos años. Pero el problema de la inversión no se limita a las magnitudes, sino que también involucra la dirección de la inversión. La crisis energética y el sobre-uso de la capacidad instalada de fuentes a veces de petróleo son claras advertencias del impacto de una sub-inversión en ese sector. En la composición de la inversión tiene gran preeminencia el sector de la construcción, en desmedro de los bienes manufacturados. Managua concentra un boom de oficinas y viviendas para los sectores de alta capacidad adquisitiva, que acompaña el auge inmobiliario internacional. La especulación financiera se ha desplazado a este sector. El dogma del equilibrio fiscal impide que la inversión pública se incremente en la inversión social: hospitales, escuelas, viviendas populares, etcétera. El gobierno mantiene planchada esa variable esperando que los capitalistas tomen la iniciativa. Pero los empresarios exigen grandes incentivos fiscales que afectarían las finanzas estatales. La frecuencia de las turbulencias que ha caracterizado a la economía nicaragüense ha inducido a los capitalistas a invertir sobre ganancias seguras. Pero también pesa cierta conciencia del carácter empobrecido, achicado y reprimarizado de un mercado alejado de los centros mundiales. Tarjetas de crédito: usura. Las tasas de interés que cobran los bancos en Nicaragua, por el financiamiento al consumo mediante tarjetas de crédito es en promedio cinco veces más caro que el que ofrecen estas instituciones en los países desarrollados, lo que significa que el crédito para el consumo de los nicaragüenses es un negocio altamente lucrativo para las instituciones bancarias. En contraste, las tasas de interés que pagan los bancos a los ahorradores difícilmente alcanza 9 por ciento anual en inversiones a plazo fijo; en las cuentas de ahorro los rendimientos son inclusive negativos al descontar la inflación. Así, el fomento del uso de tarjetas de crédito se ha convertido en una mina de oro, para obtener ingresos extraordinarios con esa actividad que llega a límites que podrían ser considerados de usura. Los bancos privados, con estrategias que solamente buscan una mayor penetración en el mercado, han abierto la llave del crédito al consumo mediante las tarjetas. Con los plásticos buscan enganchar a la población a un financiamiento que es extraordinariamente costoso y que, combinado con movimientos a la alza en las tasas de interés, el elevado desempleo y la falta de un crecimiento económico, podrían traducirse en una bomba de tiempo para la economía nicaragüense. Las comisiones que cobran los bancos en Nicaragua son entre tres y hasta diez veces más caras que las que las instituciones bancarias cobran a sus tarjeta-habientes en los países desarrollados. De esta manera, tomando en consideración las cuotas anuales, las comisiones por apertura, reposición, retiro de efectivo de los cajeros, gastos de cobranza, impuestos, manejo de cuenta, entre otros, estos costos se elevan considerablemente, lo que favorece la concentración de la riqueza en pocos manos e incrementa la desigualdad del ingreso. La burguesía rentista. Todo lo anterior quiere decir que la economía y la política nicaragüense están siendo dominadas cada vez más por una burguesía rentista. Los banqueros obtienen no sólo una parte substancial de la nueva riqueza creada sino que además, se apropian una parte de la riqueza histórica acumulada. Esto implica que los frutos del crecimiento no sólo no van a la mayoría del pueblo trabajador sino que se quedan con parte de las tasas de ganancia de las empresas productivas y se concentran en un pequeño sector rentista. Las importaciones de bienes de consumo están creciendo a tasas demasiado aceleradas. Si el consumo crece fundamentalmente a partir de bienes importados, entonces el consumo de bienes nacionales va a la baja, lo que significa dos cosas claves. Primero, un declive del consumo de productos producidos localmente, lo que significa que el fruto del crecimiento no beneficia para nada al grueso de los productores nicaragüenses. Segundo, que si el ingreso generado internamente se canaliza a la importación, la economía general tiende a un crecimiento mediocre o al estancamiento. La sobrevaloración del peso, producto de las equivocadas políticas del Banco Central, es una de las causas clave del exceso de importación de bienes de consumo y por ende, del estancamiento de la producción nacional, en detrimento de los pequeños y medianos productores locales. Los gobiernos neoliberales de Nicaragua (1990-2006) han vendido, y venden todavía, las empresas públicas que han sido compradas, casi en su totalidad, por transnacionales de los países más ricos en alianza con inversionistas locales. Los programas de privatización han significado, sólo en el período 1990-1999, la transferencia de más de 400 millones de dólares del patrimonio público a diversos poderes económicos de los centros del capitalismo mundial. El producto de esa entrega de recursos públicos nunca se invirtió en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, sino que constituye uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de nuestro país. Una verdadera mafia político-empresarial se apropió de una inmensa riqueza acumulada con el trabajo y el ahorro de varias generaciones. Doble apropiación. Se produjo así con las privatizaciones una doble expropiación. Las transnacionales extranjeras repatriaron beneficios fabulosos a costa del empobrecimiento de nuestras naciones. Y los ricos locales se hicieron más ricos, despojando a las mayorías de la riqueza social que representaban las empresas públicas. Los ricos se hicieron más ricos, y se hicieron más ricos no sólo en términos absolutos, lo que sería de esperar, pero también en términos relativos en comparación al resto de la población. Hay que recordar que la revolución social (1979-1990) no abolió la propiedad privada, sí creo un área de propiedad social, jurídicamente propiedad de todos al servicio del bien común. De esa manera los pobres pudieron acceder a alguna parte de la riqueza del patrimonio común de la nación. Con la revolución social importantes servicios públicos: educación, salud, agua, telecomunicaciones, energía, seguros, finanzas, vivienda social, etcétera, fueron sustraídos a la lógica mercantil del beneficio privado e integrados a un concepto de propiedad pública que, pese a sus limitaciones y abusos, garantizó una importante inclusión de la población pobre en el goce de derechos humanos fundamentales. Desde principios de los años noventa los neoliberales emprendieron una ofensiva contra el sector público en todas sus formas. Lograron erosionar gravemente la educación y la enseñanza, succionaron recursos públicos en salud que hicieron florecer el sector privado, privatizaron los servicios financieros, también la industria del cemento, la telefonía, así como otros servicios y patrimonios públicos por medio de la figura de las concesiones. La privatización significó de hecho transferir a los ricos la propiedad de los pobres, cuya única propiedad era aquella de la que pueden gozar los no propietarios, la propiedad social. En materia de infancia también se han conseguido avances, acompañados de zonas oscuras que persisten. Según el informe de la Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Nicaragua, cerca del 30 por ciento de los menores de cinco años tienen algún grado de desnutrición. Por otro lado, la mortalidad infantil se ha reducido en los últimos 15 años. Sin embargo, estas luces se acompañan con las sombras de la explotación infantil, la prostitución, los abusos, la pobreza, el abandono, la falta de acceso a los recursos educativos, etcétera. Jubilados cargan con el costo. Los jubilados son una de las principales víctimas del modelo neoliberal. El gobierno solo dispuso aumentos a cuentagotas del haber mínimo, achatando la pirámide de estas remuneraciones. Más del 50 por ciento de los jubilados cobra un ingreso que está situado por debajo del nivel de indigencia y otro sector percibe un haber que no llega al umbral de la pobreza. El gobierno aprovecha la baja capacidad de protesta que tienen los jubilados para descargar sobre ellos parte del costo del ajuste estructural. Con esta perspectiva económica y social, la inmigración se presenta como la única escapatoria para miles de jóvenes, un fenómeno con sus efectos negativos (falta de implicación y, por tanto, de compromiso con la sociedad, vista como un escalón hacia otra parte; desarraigo) pero que cuenta con un nuevo motor de desarrollo: las remesas. Nicaragua tuvo en el 2005 un récord en la recepción de remesas familiares gracias al trabajo de miles de sus emigrantes, que enviaron más de US$ 1,000 millones de dólares, la mayor parte desde Estados Unidos y Costa Rica, la mayor cantidad registrada hasta ahora. La economía nicaragüense depende cada vez más de los dólares que envían a sus familiares los miles de sus ciudadanos que viven, legal o ilegalmente, en EEUU y Costa Rica. Para las entidades financieras (los bancos privados), las remesas de los trabajadores emigrantes representan una gran oportunidad de negocio, si se toma en cuenta que más del 20 por ciento de la población se beneficia con estos envíos de dinero. La creciente importancia de las remesas es una de las principales razones que impulsan al gobierno a luchar por la permanencia de sus emigrantes en EEUU, que ha endurecido su política para frenar la inmigración ilegal. En EEUU radican unos 5.1 millones de centroamericanos, más del 50 por ciento de forma ilegal, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las remesas de los inmigrantes se han convertido en un pilar de la economía nicaragüense, hasta representar una quinta parte del PIB. Las remesas hacia Nicaragua se han multiplicado por 100 desde 1990 y es el elemento más dinámico del país. De un lado, permiten equilibrar el presupuesto de las familias; del otro, puede haber distorsiones, como que las familias dejen de trabajar al recibir el dinero. Es decir, el dinero que los inmigrantes envían a sus familias se ha convertido en una importante fuente de ingresos para todos los pobres del país. Tanto, que ha llegado a ser contraproducente. No sólo porque hay sectores sociales que dependen en exceso de este dinero sino porque, al mismo tiempo, ha creado ciertos fenómenos, no generalizados, de apatía y parasitismo en la sociedad nicaragüense. Instrumentos regresivos. La aplicación de las políticas del Consenso de Washington significó para Nicaragua: expropiación de pequeños ahorristas, quiebras de fábricas, cierres de comercios, empobrecimiento masivo, desempleo generalizado, desesperación de la clase media y emigración de profesionales. La desnutrición se generalizó y las principales ciudades fueron invadidas por desamparados que se alimentan revolviendo la basura. Desde nuestra perspectiva la recomposición del salario, la creación de empleo genuino y la erradicación de la pobreza son incompatibles con el esquema económico prevaleciente. Entendemos que la miseria no es una rémora de los años ochenta del siglo XX, ni un mal pasajero que desaparecerá con el derrame del crecimiento. Es un dato estructural de un modelo basado en tres instrumentos regresivos: congelamiento de la inversión, inequidad impositiva y salarios deprimidos. El esquema económico en curso requiere reducir el déficit fiscal. Esta reducción se gesta elaborando presupuestos que subestiman la recaudación. Lo más significativo es el recorte de las erogaciones sociales. El destino principal del excedente es el pago de la deuda externa e interna, que absorbe el grueso del presupuesto. Una porción importante del presupuesto se utiliza también para subsidiar a los capitalistas locales (las famosas exoneraciones), mediante un manejo discrecional que realiza el Ejecutivo. El modelo presupuestario actual se asienta también en un significativo incremento de la presión fiscal. El repunte de la tributación se apoya en la intensidad de la recuperación. No incluye ninguna modificación en la estructura regresiva de los gravámenes. Los impuestos al consumo -que en Europa representan entre el 25 por ciento y el 35 por ciento de la recaudación- en Nicaragua superan el 50 por ciento. El esquema prevaleciente penaliza a los pobres, otorga poderes discrecionales a los recaudadores e impone mayores obligaciones a los pequeños y medianos productores. Todos los funcionarios hablan de cambiar el sistema regresivo, pero ninguno lo modifica. Reconocen su carácter inequitativo, pero argumentan que "no es el momento" para transformarlo. Este inmovilismo ha caracterizado a todos los gobiernos neoliberales desde 1990 hasta la fecha. Cuándo hay recesión alertan contra el efecto contractivo de la reforma y cuando hay reactivación vislumbran que frenará el crecimiento. Por eso al final, solo prevalecen las iniciativas que propician la desgravación de las grandes empresas. Siguiendo este criterio de inequidad, las intimaciones oficiales afectan los pequeños contribuyentes incumplidores y perdonan a las compañías poderosas. La evasión institucionalizada de los peces gordos siempre es tolerada. La carga tributaria recae en Nicaragua, de manera desproporcionada, sobre los hombros de la gente con menores ingresos. Para disminuir esa brecha, deberíamos tener un gasto social que apuntara a redistribuir el ingreso hacia los sectores de menores ingresos. Ocurre lo contrario: el gasto social en inversión por habitante se está deteriorando, mientras la prioridad es el pago de una deuda interna que está enriqueciendo fabulosamente a quienes ya concentran la mayoría del ingreso. Resistencia social persiste. El punto de partida de cualquier programa económico de carácter social tiene que contemplar una reforma impositiva, que no se limite a corregir los grandes abusos de la regresividad (exenciones a las operaciones financieras o a la herencia). Lo importante es instaurar el predominio de los impuestos directos y adoptar medidas contra la previsible resistencia de las clases dominantes. La redistribución del ingreso no es una "deuda pendiente" que se resolverá con el paso del tiempo. Es una decisión política que requiere afectar los intereses de las clases dominantes. Como el gobierno neoliberal defiende a este sector preserva el actual modelo regresivo. En el transcurso de los dieciséis años de políticas neoliberales se ha estabilizado la macroeconomía con tasas de crecimiento irregulares, se producido incremento de las exportaciones y se han elevado las ganancias, en un marco de pobreza, desempleo y degradación salarial. Los bancos funcionan y la actividad comercial ha recuperado su ritmo. Las clases dominantes respiran con relativo alivio, porque los gobiernos neoliberales han reinstaurado la autoridad política de la derecha y lograron reducir la explosividad (aunque no la continuidad) de la protesta social. El curso de la economía y de la política está condicionado por el creciente impacto de las demandas sociales. Los trabajadores organizados perciben que existe un espacio para lograr conquistas y mayores salarios. Han recuperado visibilidad y protagonismo. Se está demostrando que el alto grado de desempleo no impone un obstáculo infranqueable a la lucha salarial y social. En un marco de recuperación de las tradiciones combativas resulta posible la confluencia de los excluidos con los incluidos. Una nueva generación que no carga con las frustraciones de la derrota electoral de 1990 encabeza la resistencia social. La etapa cambió, pero la resistencia social persiste. Las luchas callejeras han sido reemplazadas por secuencias de protestas. Las huelgas y las manifestaciones sustituyen a las barricadas. Se refuerza la sindicalización, se desarrolla el movimiento organizado de los trabajadores informales y se multiplican distintas formas de acción barrial y juvenil. La reacción inmediata frente a la injusticia se mantiene como un rasgo dominante, en un clima de repudio al neoliberalismo y al imperialismo norteamericano. El resurgimiento de esta lucha desconcierta al gobierno, irrita a la derecha y desespera a los capitalistas. Todos esperaban la desaparición de cualquier vestigio de luchas sociales y por eso observan con fastidio la continuidad de la protesta. En lugar de discutir la validez de los reclamos, el gobierno Bolaños objeta su oportunidad y las formas de la petición. Propicia, campañas mediáticas para inducir el aislamiento, la división y el debilitamiento de la lucha social. Pero esta acción persiste y es el factor clave del nuevo período, porque condiciona todos los proyectos de la clase dominante. No es sencillo estabilizar un modelo regresivo en un contexto de movilización social. Los grupos de poder económico dominan el Estado, la mayoría de partidos y las instituciones; y donde las élites pretenden reforzar sus tentáculos en el sector de servicios. Esto, en detrimento de la agricultura y la industria nacional y, desde luego, del bienestar de la gente. En los gobiernos neoliberales, todos ellos pro empresariales, los intereses de los grupos de poder económico dominantes han tenido una incidencia decisiva en la determinación y ejecución de las políticas públicas en los últimos dieciséis años. Amplios sectores excluidos. La expansión de estos grupos y la concentración de la riqueza han traído como consecuencia la exclusión de amplios sectores de la población y ha imposibilitado la ejecución de políticas públicas a largo plazo, que respondan más a las necesidades de los países que a los intereses de las élites empresariales. A pesar de todos los datos anteriores, la cúpula de las cámaras empresariales sigue defendiendo la patria financiera y neoliberal que representan. Tienen razón, el modelo neoliberal que ellos encarnan les ha dejado fabulosos beneficios en los últimos dieciséis años. Sólo la rama financiera, tras la ruptura del monopolio estatal, se ha embolsado miles de millones de dólares, según registran sus propias estadísticas. Si en un polo de la sociedad hay cuatro millones de pobres, es sencillamente porque en la otra orilla hay unas élites que se han beneficiado de la mayor transferencia de rentas de las clases populares a las clases altas, corrupción incluida. Según un estudio del PNUD si en 1997 el 41 por ciento de la población latinoamericana, incluyendo la nicaragüense, declaraba estar satisfecha con sus gobiernos democráticos esta cifra descendía a 29 por ciento en el 2004. Es decir, que menos de un tercio de los habitantes estaban satisfechos con sus gobiernos. En esa misma encuesta sólo el 19 por ciento declaraba su beneplácito con el funcionamiento de la economía de mercado, pese a que sus publicistas se desgañitan cada día proclamando sus incomparables virtudes. Por otro lado, la encuesta del PNUD le preguntó a 231 líderes de la región, incluyendo nicaragüenses, entre los cuales varios ex-presidentes, ex- ministros y grandes empresarios quiénes realmente mandaban. La respuesta es sumamente aleccionadora, sobre todo por venir de quienes viene: el 80 por ciento declaró que quienes realmente mandaban eran las grandes corporaciones transnacionales y el capital financiero, seguido, en un 65 por ciento de los casos, por la prensa y los grandes medios de comunicación. Esos son los verdaderos factores de poder en nuestra mal llamada democracia. El final del gobierno. El próximo gobierno tendrá una carga muy pesada: reconstruir las líneas maestras de la política exterior, difuminadas durante el gobierno Bolaños lleno de fantasías y magros resultados. El gobierno Bolaños creyó que la Casa Blanca recibiría con los brazos abiertos al Presidente de la "nueva era", por añadidura ferviente promotor de los valores del "libre comercio" y adversario de una política nacionalista e independiente en la arena internacional. Pero se equivocó. La política del presidente Bush demuestra que la "amistad" con Bolaños sí puede estar reñida con los intereses del más fuerte. A la pretensión de traducir la dependencia en una asociación virtuosa con la potencia del norte; EEUU responde con recelo y desprecio, sin verdadera visión de largo plazo y desconociendo los hechos esenciales del problema migratorio. Sin embargo, el gobierno Bolaños se aferra a las palabras edulcoradas de Bush, a las explicaciones pueriles sobre que todos ganamos con el CAFTA y de nuevo tratan de "explicar" a los nicaragüenses que el "libre comercio" no es tan malo como parece. El tratado de libre comercio con EEUU no es bueno porque va a socavar la estructura productiva del país; no es justo para el país por que mantiene el subsidio de los productos agrícolas norteamericanos; no fue una negociación, fue más bien una imposición. Este tratado puede ser muy costoso para la soberanía nacional. El desnivel económico entre Centroamérica y EEUU se va hacer más grande cada año que pase. Es necesario tener en cuenta la relación costo/beneficio. No tener un TLC es mejor que tener uno mal negociado. Don Enrique Bolaños prometió que crearía miles de empleos bien pagados; nunca dijo que necesariamente lo haría dentro de Nicaragua. A lo largo del quinquenio de don Enrique estos fueron los mayores ingresos, en millones de dólares, que registró el país gracias al éxito de su programa de exportación de pobres. Entre el 2002 hasta el 2006, de acuerdo a las proyecciones internacionales, las remesas alcanzaron un monto de US$ 4,547 millones de dólares. Las remesas de los emigrantes han beneficiado al mercado interno porque sus familias incrementan sus niveles de consumo, pero también porque muchas de ellas han optado por crear pequeños negocios con esos recursos, en su mayoría misceláneas y tiendas de abarrotes. Es relativamente fácil abrir una pulpería, gracias a las remesas que mandan los trabajadores nicaragüenses en el exterior y porque es la inversión más rápida e inmediata que se puede hacer para un negocio, si la gente no tiene un empleo formal. Sin embargo, muchos de estos negocios quiebran ante la competencia de tiendas de autoservicio y supermercados, que llegan a ofrecer precios más baratos. Ya que se trata de negocios muy tradicionales que operan de manera empírica, porque carecen de métodos de administración y organización nuevos, o acceso tecnológico. Aunque los indicadores macroeconómicos nos digan que la economía se está fortaleciendo y creciendo, en el sector comercial detallista está disminuyendo. El próximo gobierno debiera de buscar, como política pública, como reducir el costo promedio de las remesas de Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador a Nicaragua y, de esa forma, permitir a los emigrados y sus familias un ahorro importante. Hasta la fecha, una mayoría de los trabajadores nicaragüenses y sus familias aún están excluidas del sistema financiero normal y, como consecuencia, de los servicios y oportunidades a los que tienen acceso las personas de mayores ingresos. Durante los últimos cinco años, Nicaragua recibió remesas por un monto superior a 4 mil millones de dólares, de los cuales casi el 100 por ciento llegaron de Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador. La mayoría de estos fondos fueron a hogares de escasos recursos para cubrir gastos diarios, pero algunas familias han logrado ahorrar o invertir algo de ese dinero. El 54 por ciento de las remesas son distribuidas en bancos, cooperativas de crédito, instituciones micro financieras y otras entidades autorizadas para tomar depósitos. Esto significa que todos los meses unos 100 mil de personas concurren a agencias bancarias para buscar sus remesas, pero poco se hace por convertirlas en ahorradores. Los bancos nicaragüenses se comportan casi como las bodegas. En la mayoría de los casos sólo fungen como agentes de las empresas de transferencias de dinero, en lugar de aprovechar la oportunidad para ofrecerles servicios de depósitos a los clientes de las remesas. En contraste, las cooperativas y las microfinancieras han logrado mejores resultados en reclutar a receptores de remesas como ahorradores. Además de esforzarse por atraer a esos clientes, estas instituciones financieras han adaptado sus servicios y productos a las necesidades de este segmento. En Nicaragua, sólo el 10 por ciento de las personas que reciben remesas tiene cuenta bancaria. Se equivocaron Chamorro primero, después Alemán y Bolaños ahora por su dogmatismo en cuestiones económicas, por la falta de adaptación de esta economía para competir con la más grande del mundo, porque los ajustes que provoca el mercado de manera "automática" no se distribuyen equitativamente entre los trabajadores y las empresas de ambos países. La capacidad competitiva de esta economía se ha estancado y pierde terreno frente a muchos países. El CAFTA no generara suficientes empleos, que son mínimos en este gobierno, mientras crece la informalidad y la migración se convirtió en la válvula de escape. La falta de empleo y la continuidad de la política económica es un peligro para el país. Y en este final del autodenominado gobierno de la "nueva era", los golpes a la gente que protesta las políticas sociales y la expulsión de los trabajadores se combinan con la falsedad de una democracia que se proclama de la boca para afuera, pero en la que el Presidente Bolaños se involucra sin reserva para alcanzar una sucesión a su conveniencia. Esta es otra forma de violencia contra los ciudadanos, flaca herencia de quien se proclamó el presidente de la democracia y de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, resultó ser un heredero de William Walker al querer asociarnos incondicionalmente al Imperio. El crecimiento económico del gobierno Bolaños. El crecimiento económico del quinquenio del gobierno Bolaños alcanzará un promedio, en el mejor de los casos, de 3.2 por ciento anual para el período 2002-2006; para un crecimiento promedio por habitante de 0.6 por ciento anual. El moderado crecimiento del mercado interno de los últimos años es debido, fundamentalmente, a las remesas familiares; sin embargo, el ingreso per cápita se ha atorado por la política de mantener los ajustes salariales por debajo del crecimiento de la inflación. El comportamiento de la inversión extranjera directa (IED) en el gobierno de la "nueva era" tiene un balance positivo: cerca de mil millones de dólares habrían ingresado al país para coadyuvar a su crecimiento económico y desarrollo social. Visto así de simple, no cabría más que felicitar al Presidente Bolaños por tan excelsos resultados. Sin embargo, como en la mayoría de los "balances" que desde las oficinas públicas se elaboran no explican todo lo que se debiera conocer. La calculadora del gobierno de la "nueva era" se limitó a sumar, obviando las disminuciones y matices que obligadamente deben realizarse en estos casos. Los montos de la IED no es ninguna novedad, porque en los gobiernos neoliberales anteriores fue lo mismo, ya que el grueso de la IED no llegó a generar riqueza, sino a apropiarse de la existente y a sacarle raja a las generosas facilidades y abundantes regalos otorgados por la administración de Bolaños al capital foráneo. Al analizar el promedio anual de las IED entre 2002-2006 será de US$ 205.2 millones de dólares; mientras que el período de Alemán (1997-2001) el promedio de las IED fue de US$ 229.2 millones de dólares. Esto quiere decir que durante el gobierno de Bolaños las IED disminuyeron en relación al gobierno anterior. A simple vista, los US$ 1,026 millones de dólares de IED visten muy bien, porque representan ingresos importantes; sin embargo, representan solamente un 22.5 por ciento del total de las remesas que la paisanada le ha inyectado incondicionalmente a la economía nicaragüense. Toda la carretada de billetes verdes en los cinco años citados fueron enviados por los emigrantes alcanzó un total de US$ 4,447 millones de dólares. Por otro lado, 52 centavos cada dólar de la nueva inversión extranjera directa captado en el gobierno de la "nueva era" llegaron a Nicaragua con un claro objetivo: comprar empresas existentes, no crearlas: apropiarse de la riqueza acumulada por los nicaragüenses a lo largo de los años, y no generar nuevos filones de crecimiento y de creación de empleos. Otro renglón importante es el de reinversión de utilidades, que si bien se registra como inversión extranjera directa, los dineros correspondientes no provienen del exterior, sino del mercado interno, es decir, utilidades generadas en Nicaragua. En los cinco años de la "nueva era" por este concepto los inversionistas foráneos reportan alrededor de US$ 230 millones de dólares. Así, las IED en la "nueva era" no son malas, pero distan mucho de ser excelsos, como pretenden los altos funcionarios del gobierno Bolaños. Lo peor del caso es que tampoco se da en lo que a crecimiento económico y desarrollo social se refiere. El crecimiento económico de Nicaragua no se traduce en la generación de empleos de calidad necesarios para avanzar en la reducción de la pobreza. La caída en la calidad de los nuevos empleos es una tendencia, que se manifiesta de diversas maneras al considerar los indicadores, como la creación de empleos, la productividad, las mejoras salariales y la reducción de la pobreza. Actualmente, la mitad de los trabajadores no alcanzan una renta capaz de superar el nivel de pobreza con un salario de US$ 1 dólar diario. Más de la mitad de la PEA se encuentra en el desempleo abierto o se ocupa en trabajos de muy baja productividad. La falta de empleo y su precariedad generan exclusión, pobreza, marginalidad e inequidad social. El trabajo provee a los pobres su principal fuente de ingreso. En 1991, con un salario mensual promedio se podía comprar 1.44 canastas básicas. En diciembre de 2005, con el mismo salario promedio no se podía comprar ni una canasta básica, sólo alcanzaba para adquirir un poco menos de ¾ de ella. De acuerdo a la CEPAL, en Nicaragua, entre 1993 y 1998, de cada 10 nuevos ocupados por sector solamente se crearon 1.2 empleos en el sector formal, 4.8 empleos en sector informal y 4.0 empleos en el sector agropecuario. Se estima que entre 2000-2004, de cada 10 nuevas personas ocupadas, 6 trabajan en el sector informal. La expansión de la informalidad trae aparejado un aumento de la terciarización del empleo. Uno de los factores que influyen en mayor medida en la determinación de los ingresos laborales y la calidad del empleo es la dotación de capital humano de los participantes en el mercado laboral. En Nicaragua, la gran mayoría de los adultos que viven en hogares pobres no han terminado la educación primaria, y en muchos casos, ni siquiera han cursado tres años de estudios. Como conclusión de los datos anteriores tenemos: 1- El desempleo masivo es el resultado del lento proceso de acumulación de capital, ya que la formación de capital permaneció por debajo del crecimiento de la fuerza de trabajo. 2- El desempleo afecta más a los jóvenes y mujeres. 3- El empleo que se crea es el sector informal, caída de la calidad del empleo. 4- Uno de los problemas del empleo es la poca formación profesional de los desempleados. 5- Los salarios de los que están empleados es muy bajo. ¿Qué se puede hacer para reducir el desempleo? Partiendo del hecho que la mayor cantidad de empleo se genera en: el campo y la pequeña y mediana industria (alrededor del 90 por ciento del empleo). Hay tomar las siguientes medidas: 1- Estamos a favor por el lanzamiento de un programa de apoyo a la pequeña y mediana producción del campo y la ciudad con el objetivo de ampliar la oferta de trabajo y crecimiento económico. Esto requiere crédito para siembra y maquinaria agrícola e industrial (Banco de la Fomento), capacitación para los trabajadores (INATEC y educación formal). 2- Al reforzar a la pequeña y mediana producción estaremos luchando contra el hambre y la pobreza, en la medida que la gente hoy desempleada tendrá ingresos para comprar alimentos. Los pequeños y medianos campesinos puede producir más para el mercado interno (tendrán compradores). 3- Sembrar millones de árboles que tardan entre 5 a 15 años en ser maderables, pero cuando se entregue el gobierno al siguiente presidente tendrán 4 o 6 metros de altura y ya nadie podrá malograrlos; esa tarea será parte de la transformación de nuestro país. A través de estas acciones de conservación del medio ambiente se dará trabajo a los actuales desempleados. La influencia política de los grupos de poder económico. La "presidencia imperial" de Estados Unidos ha logrado imponer en Nicaragua una política de país exportador de mano de obra barata y la explotación irracional de sus recursos naturales utilizando la condicionalidad acreedora de sus brazos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la complicidad de una clase dominante plenamente identificada con los valores del "Consenso de Washington". Mientras tanto, los grupos de poder económico siguen utilizando, de manera creciente, la presión sobre los distintos poderes del Estado. Esta presión se ejerce fundamentalmente a través de mecanismos informales, es decir, fuera de la institucionalidad empresarial y estatal existente. Dentro de los mecanismos informales utilizados, sobresale, por la manifestación de poder que supone, los frecuentes contactos directos de dichos grupos con las altas autoridades gubernamentales, incluyendo el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Diputados de la Asamblea Nacional y los Magistrados y Jueces del Poder Judicial, etcétera. Los grupos económicos más poderosos, que forman una especie de club, tienen derecho de tocar la puerta y comunicarse informalmente con las más altas autoridades del país en cualquier momento y circunstancia. Este derecho de tocar la puerta, proviene del poderío económico de estos grupos; de su papel en el financiamiento de las campañas políticas de los partidos de la derecha en el poder; y de su influencia sobre los medios de comunicación social. Adicionalmente tiene que ver con la existencia de estrechas relaciones familiares y económicas entre los principales grupos económicos, lo que les permite acceder de manera relativamente fácil a los círculos de poder; y sobre todo con la existencia de un gobierno pro-empresarial, lo que facilita el acceso de dichos grupos a los distintos niveles del aparato estatal. Los grupos de poder económico ejercen, también, su influencia a través de los medios de comunicación social, la mayoría de los cuales están bajo su control directo o pertenecen a grupos económicos con los cuales tienen buenas relaciones y afinidades ideológicas. A través de los medios de comunicación, estos grupos económicos hacen aparecer sus agendas particulares como agendas nacionales y tratan de influir sobre la opinión pública sobre políticas que ellos consideran críticas para sus intereses, como es caso; por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual fue apoyado incondicionalmente por la mayor parte de los medios de comunicación en los que los grupos de poder económico ejercen un control directo. Además, la influencia sobre los medios de comunicación les permite a los grupos de poder económico marginar a las voces que cuestionan la orientación general de la política socioeconómica. En términos generales, en las grandes orientaciones de política (apertura, liberalización, privatización, papel del Estado, etcétera) no existen mayores diferencias entre los principales grupos de poder económico, su influencia en el nivel general la realizan muchas veces de manera coordinada, utilizando todas sus alianzas nacionales e internacionales. Es por ello que en los últimos años dichos grupos económicos han realizado reuniones periódicas informales en las que discuten los problemas nacionales, centroamericanos y sus posibles soluciones y han patrocinado reuniones internacionales y regionales en las que incluso han participado los Presidentes centroamericanos. Otro nivel sobre el que ejercen influencia los grupos de poder económico es el sectorial, en el cual uno o varios grupos interesados en determinadas políticas sectoriales (o en impedir que se implementen políticas específicas); también, ejercen influencia para obtener beneficios particulares para sus empresas. Este es el caso, por ejemplo, de los grupos con intereses en el sector turismo, que presionan para obtener las mayores prebendas posibles por parte del gobierno neoliberal, o el de la industria azucarera, en donde el mercado interno se encuentra protegido, lo cual beneficia a los grupos económicos vinculados a dicha actividad. Finalmente, está el tercer nivel, más microeconómico, en el cual un grupo en particular ejerce su influencia para preservar privilegios derivados de poseer un monopolio u oligopolio, como ha sido el caso de los grupos vinculados al tradicional monopolio del azúcar, de las compañías cerveceras y de las empresas cementeras; o bien para obtener ventajas arancelarias o fiscales, que es una de las áreas más frecuentes de presión por parte de los grupos de poder económico. Desde 1990, lo que ha existido es una especie de estrategia de simulación de democracia para legitimar el ejercicio del poder de las elites. La realidad es que Nicaragua tiene una pobreza del 80%, una miseria del 45% y es uno de los países más inequitativo de América Latina. Por esta simulación de democracia, muchas decisiones han sido tomadas por muy poca gente para beneficiar a los banqueros (el caso de los CENIS) y en detrimento de las mayorías empobrecidas. Nuestro punto de vista es que la sociedad nicaragüense es tan injusta que es necesario que el sandinismo vuelva al poder para superar estas carencias. En las elecciones 2006 varios temas son importantes. Coinciden en un mismo espacio tres tipos de contradicciones. La primera, derivada de la profunda desigualdad, entre las oligarquías sobretodo financieras y los "nuevos plebeyos" en los sectores populares. La segunda entre la vieja clase política de la derecha neoliberal con su visión antisandinista y el proyecto de reconciliación nacional promovido por el sandinismo. La tercera entre las coaliciones sociales volcadas hacia la administración de privilegios y franjas de ilegalidad, y las coaliciones ciudadanas que claman por la transparencia, el alto a la impunidad y la seguridad pública. Aunque hay muchos vasos comunicantes entre las opciones en los tres niveles de contradicción el verdadero tema es cómo construir desde el combate a la desigualdad, a la ilegalidad y a las viejas formas de hacer política una nueva mayoría social. Es decir, una mayoría diferente a la que gobernó en los últimos 16 años. Una mayoría diferente a la favorable al capital en detrimento de "los de abajo", los marginados, los empobrecidos por las políticas neoliberales. Se trata en breve, de una mayoría alternativa para gobernar la pluralidad. Modelo se agota. El sistema neoliberal comienza a hacer agua, agobiado por el desempleo, la delincuencia y las desigualdades. Es evidente que este ciclo económico se está agotando y con la explotación intensiva de recursos naturales, de bajos impuestos a las transnacionales y empresas privadas y pésima distribución de la riqueza, el país está siguiendo una senda que, a estas alturas, resulta peligrosamente dual. Es una Nicaragua con brechas profundísimas en salud, educación, justicia, ambiente de vida y, al mismo tiempo, estamos viviendo la dictadura del capital, la persistencia de una manera de ver la sociedad, mirada desde el protagonismo y la capacidad de decisión de unos pocos. Se hace urgente corregir el modelo económico de mercado y democratizar el sistema social, hay una complicidad en las élites políticas y económicas para mantener todo igual. La distribución de la riqueza es un asunto muy profundo, el problema es durísimo y la desigualdad va a ser cada vez más crítica. No se trata sólo de una desigualdad en el ingreso. También lo es en los tratos laborales, en la desigualdad frente a la justicia, a las alternativas, frente al empleo y los salarios. Los grandes problemas sociales de Nicaragua son resultado del sistema neoliberal imperante y es preciso cambiarlo. Algunos analistas estiman que el fracaso económico, el agotamiento teórico y el descrédito político del neoliberalismo han restringido la influencia de la derecha al terreno ideológico-cultural. Otros autores en cambio detectan que el debilitamiento neoliberal se concentra en la cultura y en la ideología sin extenderse a la economía y la política. Las fuerzas progresistas necesitan profundizar la democracia, revalorar el papel del Estado, permitir la participación de la sociedad civil en las principales decisiones del país y apuntalar los movimientos sociales organizados para que sean contrapesos de los poderes fácticos constituidos por los grupos de poder económico. La pregunta es: ¿será posible realizar estas acciones en una sociedad totalmente excluyente como la nuestra?, considero que sin una redistribución de la riqueza a través de impuestos, sin una reducción de la desigualdad social y sin una disminución del poder de los grupos de poder económico, no es viable ninguna reforma. Para lograrlo es necesario lograr un cambio en el gobierno en las próximas elecciones generales de noviembre de 2006. Cada científico social puede definir qué lugar ocupará en este escenario. Una opción es ubicarse en el campo de los dominadores y utilizar los conocimientos acumulados para facilitar los negocios y la buena vida de los privilegiados. La otra posibilidad es colocarse en el terreno de la mayoría empobrecida. En este ámbito la realización profesional y el desarrollo intelectual se ensamblan con el compromiso político y el aprendizaje militante. Este sendero ofrece una inédita posibilidad de elaboración teórica y experimentación práctica. La oportunidad para actuar en este terreno existe y hay que aprovecharla.


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