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Delincuencia sin control en Honduras

Diario El Heraldo, Honduras. Desde Tegucigalpa. | 6 diciembre de 2006

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La sociedad está pidiendo a gritos "¡seguridad!", pero la respuesta no parece importar a las autoridades, que se han visto incapaces de frenar la ola delictiva que golpea a los hondureños. En las últimas semanas, la violencia común y el crimen organizado han desatado su furia contra la población y las víctimas parecen tener mucho en común: gente común y corriente. En los últimos once días, casi 40 hondureños han sido asesinados de manera violenta. Tres de ellos han sido profesionales del derecho, tres han sido víctimas de los robacelulares, cuatro han sido mujeres, un extranjero, un oficial de policía y la mayoría jóvenes. Cada tres horas muere una persona a causa de la violencia y la delincuencia que azota a Honduras, a razón de un promedio de nueve muertes por día. Una encuesta realizada por la empresa Mercaplan para EL HERALDO dice que seis de cada diez capitalinos han sido víctimas de la violencia. En el primer semestre de este año se han registrado 1,508 muertes por homicidio en el país, lo que constituye una tasa nacional de 23.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, por encima del promedio mundial establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una tasa de 8.8 por cada 100,000 habitantes. Organizaciones de la sociedad civil plantearon ayer su preocupación por el incremento en el índice de la delincuencia que está sembrando de luto a la familia hondureña. Representantes de organizaciones de derechos humanos, iglesias evangélicas, sindicalistas y de género denunciaron que el presidente Manuel Zelaya y el propio ministro de Seguridad, Álvaro Romero, son los responsables directos del incremento de la ola delictiva. Pidieron la definición de una política clara de seguridad que enfrente las raíces del problemas y que no se concentre en acciones represivas. Unos mil soldados saldrán a las calles a reforzar los operativos "Navidad Segura" que ejecuta la policía, informó el jefe de Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez. De momento, mañana se inicia el despliegue de un primer contingente de 600 elementos y, en una fecha próxima, el resto de militares. "Por instrucciones del presidente Manuel Zelaya hemos puesto a la orden de la ciudadanía estos soldados", dijo el jefe castrense. Este escuadrón será desplegado principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las ciudades que reportan los mayores índices de criminalidad, indicó. Actualmente, unos 2,000 soldados ya se encuentra diseminados en varios sectores apoyando a los cerca de 8,000 policías que participan en la "Operación Trueno" desde agosto. Las Fuerzas Armadas harán hoy, en el Estado Mayor Conjunto, el lanzamiento de esta estrategia. Serán dos batallones de la Policía Militar los que compondrán el equipo de respaldo a la Policía Nacional. "Estos soldados recibieron entrenamiento en patrullaje, captura, prevención y otras técnicas que se requieren para combatir la delincuencia", expresó el jerarca militar. Vásquez Velásquez pidió la colaboración de los ciudadanos para los soldados, a fin de mejorar el desempeño de los operativos. La misión no tiene tiempo definido de terminación, pero se espera que dure hasta los últimos días de enero. El asesinato por sicarios del abogado Dionisio Díaz García ha encendido de nuevo las alarmas en la sociedad, sobre todo porque el profesional se dedicaba a brindar sus servicios a ex guardias de seguridad de agencias privadas. Díaz García trabajaba para la organización no gubernamental Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Precisamente, un grupo de periodistas que laboran para esta organización, y que realizan denuncias en un periódico digital, se presentó ayer en conferencia de prensa para plantear que han recibido amenazas de muerte. Los comunicadores Dina Meza, Claudia Mendoza, Rosa Morazán y Robert Marín denunciaron que han recibido amenazas de muerte aparentemente por los trabajos que han publicado en la revista digital, relacionadas con la explotación laboral de que son víctimas los que trabajan en agencias de seguridad. Responsabilizaron al ministro de Seguridad, Álvaro Romero, y al presidente Manuel Zelaya si algo llega a ocurrirles. Los cuatro periodistas trabajaban junto a Díaz García. Los integrantes de diferentes organismos pidieron al gobierno cesar los contratos con Delta y Setech porque violentan los derechos laborales y sienten que hay indicios para que los investiguen por la muerte de Díaz García, quien también había recibido amenazas. Estas amenazas fueron comunicadas al comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, pero ni él hizo nada, denunció Dina Meza, con la voz quebrantada y llorando. "En los últimos tres meses, ASJ, a través del abogado Díaz García, logró importantes acercamientos de diálogos con ejecutivos de algunas de estas empresas, no así con Delta Security Service y Seguridad Técnica de Honduras (Setech)", dice el comunicado.


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