La prevención resulta fundamental dentro de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, destacó este viernes la diputada Martha Marina González.

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia presentó en un foro para trabajadores del sector de la salud este decreto aprobado por la Asamblea Nacional el 26 de enero último y constituido tras una larga consulta popular en todo el país.

La salud es una de los sectores que involucra la ley pero por su trato directo con las heridas, físicas o psicológicas, causadas a personas o familias violentadas, y con posibles agresores, se decidió darla a conocer primero entre sus trabajadores, explicó la funcionaria.

González reconoció el predominio de una cultura patriarcal en Nicaragua con creencias despectivas hacia las féminas que se han reproducido de una generación a otra, y resaltó la importancia del trabajo conjunto de todos los sectores en la promoción de un cambio socio-cultural.

También habló de la necesidad de mejorar la capacitación de los psicólogos a fin de que apliquen a las víctimas de la violencia los exámenes correspondientes como el peritaje psicológico y puedan valorar disímiles elementos en cada caso.

La diputada insistió en una mejor preparación de los médicos forenses y de los abogados, más ahora que la ley introducirá reformas en el código penal al incluir nuevos delitos como el feminicidio, la intimidación o amenaza, la violencia patrimonial y económica, la violencia laboral y la psicológica.

Además será considerado delito la omisión de un caso de violencia a mujer, niño o adolescente pues de acuerdo al instrumento legal todo ciudadano tendrá el deber de denunciar situaciones de ese tipo de las que sea testigo.

Esta ley viene a restituir derechos que durante años fueron negados a las mujeres, dijo González y resaltó el papel del gobierno sandinista como principal impulsor de un marco legal que proteja a ese sector de la población.

Como parte del trabajo de prevención hizo un llamado a la cooperación de todas las instituciones del país para divulgar su contenido.

A criterio de Ana Traña, miembro de la misma Comisión, la ley establece que la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus ámbitos debe ser considerada una manifestación de discriminación y desigualdad.

El Estado asignará recursos para la creación de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, la Comisión Nacional Interinstitucional de lucha contra la violencia hacia la mujer, así como un Observatorio adscrito a esta, según estipula el decreto.

La legislación entrará en vigor 120 días después de su publicación oficial en la Gaceta.

Cada institución vinculada a la ley deberá reorientar su presupuesto conforme a ella y la población tendrá el derecho de exigir su cumplimiento en los distintos organismos y sectores, confirmó la especialista en cuestiones de género.