Una organización feminista local convocó este sábado a una campaña contra una reforma al Código Penal que prohíbe el aborto terapéutico en Nicaragua.

La penalización del aborto terapéutico es más violencia contra las mujeres, asegura la convocatoria lanzada por el Centro Sí Mujer, en alusión a la ley aprobada por el Parlamento unicameral, y ratificada la víspera por el presidente Enrique Bolaños.

La campaña se denomina "25 de Noviembre", porque ese día se celebra Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, de acuerdo con el comunicado difundido vía correo electrónico.

El aborto terapéutico era una figura legal en Nicaragua desde 1891, y se aplicaba en casos de peligro para la vida de la madre, daños irreversibles al embrión o feto, o que el embarazo hubiese sido producto de una violación o incesto.

Para cualquiera de esas situaciones se debía contar con la opinión científica de al menos tres facultativos, y la autorización de la embarazada o de un familiar de esta.

La derogación del artículo 165 del Código Penal fue aprobada por unanimidad el 26 de octubre pasado en la Asamblea Nacional, y ayer Bolaños la ratificó en una ceremonia privada realizada en Casa Presidencial.

La ley antiaborto fue impulsada por los jerarcas religiosos locales, quienes lograron introducir el tema en la campaña electoral que culminó el 5 de noviembre pasado con la elección del sandinista Daniel Ortega.

Aunque la sociedad nicaragüense es mayoritariamente católica, algunos sectores alegan que la prohibición constituye una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres.

Advierten además que como resultado de la medida, se incrementará el número de muertes maternas, nacerán más niños con malformaciones congénitas, y aumentarán los abortos clandestinos, y con ello el riesgo para las mujeres que se lo practiquen.

En términos legales, la ley prevé penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para las personas que se involucren en un aborto terapéutico.

Bolaños confirma condena a muerte

Desoyendo múltiples peticiones de organizaciones de mujeres nacionales y extranjeras, la solicitud de gobiernos y de organismos internacionales de derechos humanos de todo el mundo, Enrique Bolaños firmó este viernes la eliminación del aborto terapéutico de la legislación nacional, figura que estuvo vigente durante más de cien años en este país centroamericano.

Bolaños firmó la orden de derogar esa práctica en un acto privado en Casa Presidencial, ante la presencia de obispos de la Iglesia católica y pastores evangélicos de este país, indicó la Presidencia en un comunicado.

Gracias a una maniobra de la más alta dirigencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en un acto electorero desesperado para garantizar el respaldo político de las jerarquías católica y evangélica, la Asamblea Nacional aprobó el 26 de octubre pasado una reforma al Código Penal, en vigor desde 1893, en la que derogaba el aborto terapéutico.

La reforma fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los diputados liberales y sandinistas. Los diputados eliminaron el artículo que establecía el derecho al aborto terapéutico como una excepción para salvar la vida de las mujeres en caso de embarazos con riesgos.

El Código Penal facultaba practicar el aborto en estos casos si era "determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer, para los fines legales".

La Presidencia recordó en su comunicado que la Iglesia católica, mediante la Conferencia Episcopal de Nicaragua, así como grupos de evangélicos exhortaron a Bolaños a eliminar ese concepto de la legislación.

"La Constitución Política establece que el derecho a la vida es inviolable a la persona humana y que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad", señaló la Presidencia.

La mujer que se practique cualquier tipo de aborto en Nicaragua pagará una pena de 4 a 8 años de prisión, según la reforma al Código Penal.

Los médicos nicaragüenses han advertido que esa medida va a incrementar las muertes maternas y la mortalidad infantil, así como la proliferación de puestos clandestinos.

Ente los motivos para eliminar el abordo terapéutico de la legislación, el comunicado señala que el objetivo es que "en Nicaragua no se continúe realizando actos delictivos encubiertos bajo la figura del aborto terapéutico, por medio del cual se ejecutan diariamente en el vientre materno a niños inocentes en abierta violación a la Constitución que protege de forma integral al niño por nacer".

La decisión del Parlamento, que refrendó este viernes Bolaños, ha sido criticada por la asociación de médicos de Nicaragua, grupos de mujeres, la organización "Human Rights Watch", la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).