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Gobierno cumple a los curas y rechaza en la ONU autorizar el aborto terapéutico

Ginebra. Agencias. | 8 febrero de 2010

Nicaragua descartó permitir el aborto terapéutico al presentarse este lunes en Ginebra al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de la ONU donde todos los Estados miembros se someten a una revisión de la situación general de derechos humanos.

"Las transformaciones legales y las nuevas disposiciones referidas al aborto en Nicaragua son el resultado del ejercicio de la soberanía en nuestro país (...) no es un asunto de carácter religioso", señaló durante su discurso la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, al referirse a la prohibición del aborto.

"La mayoría de los ciudadanos nicaragüenses consideran que es importante el derecho a la vida del no nato, que es también un ser humano con goce del derecho a la vida, que el aborto no es un método apropiado de control de la natalidad (...) la solución es realmente la prevención a través del uso de los métodos anticonceptivos", recalcó la ministra.

Su posición no impidió que varios países le reclamaran una reforma legal para autorizar el aborto terapéutico, o sea en la eventualidad de incesto, de violencia sexual contra la mujer, o si peligra la vida de ésta, destacándose las intervenciones de México, Francia, Eslovenia y Noruega.

Al propio tiempo, Vilma Núñez de Escorcia, de origen nicaragüense y vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presente durante las deliberaciones, dijo a la AFP que lamentaba que el gobierno de Nicaragua no consultara a toda la sociedad civil para elaborar su informe frente a esta comparecencia en la ONU, afirmando que así había ocurrido con su organización.

Manifestó su preocupación por las violaciones "de los derechos de la mujeres, específicamente la violencia sexual intrafamiliar y la prohibición del aborto terapéutico como una medida para salvar la vida de las mujeres en situaciones de riesgo por un parto o un embarazo difícil".

Esther Mayor, de Amnistía Internacional (AI) indicó a la AFP que "el Código Penal revisado de 2008 prevé sanciones penales para los profesionales de la medicina y la enfermería que traten a una mujer embarazada por afecciones como el cáncer o emergencias cardiacas cuando el tratamiento pueda causar lesiones o la muerte del embrión o el feto".

"No hay ninguna excepción en la ley ni protección para los médicos (...) si esta ley no se reforma urgentemente, mujeres y niñas van a continuar sufriendo graves violaciones de sus derechos humanos (...) siendo obligadas a llevar a término su embarazo, y también aumentarán las muertes maternas", subrayó Esther Mayor, agregando que su ONG tampoco fue consultada por el gobierno de Nicaragua.