«Mareros» elevan «impuesto de guerra» en Honduras

El accionar de las pandillas o “maras” en el país ha tendido en los últimos tiempos a cambiar de modalidades o formas de ejecutar sus actividades ilícitas, incluyendo que actualmente presionan a sus víctimas para que les paguen un incremento del denominado “impuesto de guerra”.

Los motoristas y ayudantes del transporte público de pasajeros, sobre todo de buses y taxis, son mayormente las víctimas de las extorsiones de las maras que les cobran el denominado “impuesto de guerra”.

Los motoristas y ayudantes del transporte público de pasajeros, sobre todo de buses y taxis, son mayormente las víctimas de las extorsiones de las maras que les cobran el denominado “impuesto de guerra”.

Las constantes muertes de conductores de taxis y autobuses urbanos e interurbanos son una muestra de que estos grupos no están jugando y que sus víctimas se ven expuestas a pagar el aumento a esa indeseable tarifa, quieran o no.

Para los afectados no existe ninguna Secretaría de Industria y Comercio (SIC), que pueda regular esa situación y evitar el aumento, pues aunque no les parezca justo, al final han terminado cediendo, porque de lo contrario su vida está en precario.

Los miembros de la “Mara Salvatrucha” (MS-13), son los que se dedican al cobro de ese mal llamado impuesto, solicitado a cambio de permitir que los motoristas del transporte público puedan trabajar de forma tranquila.

Ahora, las extorsiones también abarcan a los dueños de varios negocios, mercaditos y hasta de pequeñas pulperías, especialmente que están cerca de los lugares que ellos denominan sus territorios.

En tanto, los integrantes de la temible pandilla “18” se inclinan hacia otras actividades ilícitas, como el sicariato, robo de vehículos, asaltos, tráfico de armas y drogas o secuestros, es decir, todo lo relacionado con el crimen organizado.

Una parte del dinero que recaudan los “mareros” vía “impuesto de guerra” u otros ilícitos, es enviado a los que están presos y muchas veces desde adentro de las cárceles se mandan las órdenes para cometer diversos delitos.

Una parte del dinero que recaudan los “mareros” vía “impuesto de guerra” u otros ilícitos, es enviado a los que están presos y muchas veces desde adentro de las cárceles se mandan las órdenes para cometer diversos delitos.

Las extorsiones son un tipo de renta ilícita que fue creada a mediados de los 90 por los “mareros” de la “MS-13” en El Salvador, a fin de agenciarse fondos para subsistir y realizar sus otras actividades ilícitas.

Al igual que la “18”, los “MS” también están vinculados con el crimen organizado, pero en menor escala, debido a que su principal fuente para obtener dinero es el cobro del “impuesto de guerra”.

Ese tipo de actividad más tarde fue aplicada en Honduras, por los antiguos jefes de la “MS”, muchos ahora fallecidos o prisioneros en las diferentes cárceles del país, pero que dejaron ese mal legado a sus seguidores.

Actualmente, la tarifa que los “mareros” cobran por cada punto de taxi llega en algunos lugares hasta los 10,000 lempiras semanales, dependiendo la zona donde estén ubicados o la cantidad de unidades que allí circulen.

Por ejemplo, pagan más dinero los ruleteros que trabajan en Plaza Miraflores y el centro de la capital, que quienes se ubican en zonas consideradas marginales.

Pero esa situación no ocurre sólo en la capital, sino también en las otras principales ciudades del país, como San Pedro Sula y La Ceiba, las cuales están contaminadas de mal vivientes que se dedican a esas actividades ilícitas.

Autoridades policiales han determinado que un elevado porcentaje de las muertes violentas de motoristas de buses del transporte urbano y taxis, se debe a que se resisten a pagar el “impuesto de guerra”.

Autoridades policiales han determinado que un elevado porcentaje de las muertes violentas de motoristas de buses del transporte urbano y taxis, se debe a que se resisten a pagar el “impuesto de guerra”.

A diario, los motoristas del transporte público deben reservar un pequeño fondo que asciende entre 30 y 50 lempiras, que va dirigido al “impuesto de guerra”, porque a la semana tienen que cancelar 150 y 250 lempiras por unidad.

Esa situación ha originado que muchas empresas de transporte y que algunos conductores de taxis, abandonen esa labor porque supuestamente no es rentable, ya que además del impuesto de los “mareros”, tienen que pagar la tarifa a los dueños de las unidades.

Ahora, la situación al parecer se ha agudizado, porque los “mareros” han comenzado a aplicar un aumento a su nefasta tarifa y ascendería a más de 2,000 lempiras semanales.

La presión comienza a sentirse. Los pandilleros en busca que los transportistas les cumplan su exigencia sobre ese incremento, han iniciado una serie de homicidios de taxistas y conductores de autobuses.

Otra medida de presión son los constantes asaltos y robos de las unidades, las cuales son utilizadas para cometer algún tipo de fechoría y luego son abandonadas, pero totalmente destruidas.

La negociación de los “mareros” se hace directamente con los presidentes de los puntos y los coordinadores de las terminales de autobuses, quienes son los encargados de recoger el dinero y entregárselo a los mal vivientes.

Los extorsionistas no aceptan negociar con ninguna persona que no esté vinculada al sector transporte, por temor a que el negociador pueda tratarse de un policía encubierto.

La sagacidad de los pandilleros es tan grande que manejan el listado completo de las unidades que laboran en determinado punto, con número de registro, placas y en algunos casos hasta los nombres de las personas que las conducen.

En ese sentido, es difícil que el negociador pueda engañar al extorsionista y hacerle creer que dará menos dinero del solicitado, de lo contrario pone en riesgo su vida o la de sus demás compañeros.

El trato únicamente es para determinar la fecha en que será pagado el “impuesto de guerra” y el lugar dónde será entregado, no así los montos de lo que se debe cancelar, porque eso lo deciden los pandilleros.

Oponerse al pago desencadena la ira de los malvivientes que organizan verdaderas cacerías de transportistas que al final obligan a los conductores a terminar pagándole a los “mareros”.

Según las informaciones policiales, en la capital se conoce que entre los pandilleros que más se encargan de las negociaciones y de cobrar el “impuesto de guerra” figura uno llamado Darwin Anduriel Menjívar Mejía, alias “El Cangri”, capturado en varias ocasiones por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).

También, Wilmer Alexander Paz Murcia, mejor conocido como “Tumba”, considerado un escurridizo “marero” que siempre logra escabullirse de la policía, y Elmer Javier Hernández González, apodado “El Maníaco”, actualmente preso en la Penitenciaría Nacional en Támara, por homicidio.

A este último se le encontró culpable de haber participado en el homicidio de tres pandilleros de la “18”, que fueron ultimados a tiros en el interior de un carro, cuando cargaban combustible en una gasolinera, ubicada en un sector del bulevar Fuerzas Armadas, en Comayagüela.

La información establece que la policía también tiene identificados a Edwin Enrique Omar Almendárez, alias “El Negro”, y a Glen Joel Ventura Hernández, a quien se identifica únicamente como “Glen” o “Drimer”;

Asimismo, a Franklin Díaz López, quien usa el sobrenombre “Sniper”, y Juan José Estephen Godoy, mejor conocido como “Jochito”, en su mayoría todos originarios de San Pedro Sula, Cortés.

El dinero que recaudan esos individuos y sus cómplices son utilizados para el tráfico de drogas, compra de armas, vehículos, motocicletas y renta de viviendas, pero la mayor parte es “lavado”.

De igual forma, otra parte de los fondos son pagados a un buró de abogados que trabajan exclusivamente con los pandilleros, agilizando los casos de los integrantes de las “maras” que están prisioneros, a quienes también les envían efectivo para que estén bien en el interior de las cárceles.

Se conoció que patrocinan a algunos de sus miembros que cursan la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para que una vez egresados ayuden a los pandilleros que estén presos, y tales estudiantes pasan inadvertidos porque no andan tatuados.

La organización de las “maras” llega al punto que ahora están vinculados al “lavado” de activos, debido a que la mayor parte de los fondos son “lavados” en reconocidas empresas donde tienen amenazados a sus dueños o a los gerentes.

También han creado pequeños negocios y comprado microbuses y taxis, con los cuales justifican el manejo de dinero, una vez que son detenidos por la policía, lo que les ayuda a salir nuevamente en libertad.

El objetivo del “lavado” de dinero es hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de negocios legítimos y circulen sin problema en el sistema financiero.

El “cerebro” de toda esa compleja operación en la capital, es “Jochito”, quien se encarga de distribuir los fondos obtenidos de las extorsiones en diferentes empresas y de conseguir nuevamente el efectivo cuando es necesario, según las mismas informaciones.

    

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