Grupos de pobladores incendiaron un centro comercial y saquearon el cuartel de bomberos de Concepción, ciudad donde faltan agua, alimentos y combustibles, en una caótica situación derivada del sismo que forzó a la presidenta chilena Michelle Bachelet a movilizar 7.000 militares.
Las autoridades ampliaron el toque de queda a otras tres ciudades del sur chileno, las más afectadas por el terremoto de 8,8 grados que sacudió a Chile el sábado, para garantizar el orden y evitar la ocurrencia de saqueos, informó un jefe militar.
El estado de convulsión social en Concepción, la segunda ciudad de la austral nación sudamericana con medio millón de habitantes, persuadió además a Bachelet a ampliar de 9 a 12 las horas en que rige el toque de queda.
El estado de excepción fue declarado un día después del terremoto que mató al menos a 723 personas y dañó 1,5 millón de edificios, con dos millones de damnificados sobre un total de 16 millones de chilenos.
"Cuando contemos con todos los efectivos en Biobío (Concepción) y el Maule, van a estar mañana (martes) con 7.000 efectivos", dijo Bachelet, al anunciar urgentes medidas de ayuda para la región donde arreciaron los pillajes, a unos 500 km al sur de Santiago, cerca del epicentro del terremoto.
Del incendio -provocado por vándalos, según las autoridades- en pleno centro de Concepción de una multitienda y un supermercado anexo, emergió una persona envuelta en llamas rescatada por los bomberos.
Una nube negra cubría el cielo de Concepción a causa del incendio, cuando decenas de infantes de marina intentan retomar el control de la situación y se apostaban fuertemente armados en las esquinas, en una acción que no se veía desde que en 1990 se acabó la dictadura del general Augusto Pinochet.
En una derivación del sismo de magnitud 8,8, uno de los más fuertes que se recuerden, sobrevino el desabastecimiento y los disturbios, cuyo agravamiento obligaron a extender el toque de queda desde las ocho de la noche a las ocho de la mañana.
"Aquí están saqueando incluso hasta los cuarteles de bomberos", denunció el comandante de Bomberos de Concepción, Jaime Jara.
Jara señaló que "andaban dos buses con delincuentes arriba saqueando las casas; yo despaché a bomberos a los cuarteles, estamos dejando de atender las emergencias por un momento para ver primero nuestra seguridad".
La convulsión distrajo la atención de la opinión pública de la tarea de rescatistas y equipos de voluntarios que están intentando restablecer los servicios básicos.
Hambrientos y sedientos, millares de chilenos esperaban auxilio, que en el plano internacional implica el envío de hospitales de campaña, puentes portátiles, teléfonos satelitales e insumos medicinales, informó el gobierno.
"Está lleno. Tienen agua, alimentos, pañales, leche. No dejan entrar. Hay carabineros", decía un hombre frente a un supermercado de Concepción, saqueado en busca de provisiones.
Carmen Norín, un ama de casa de 42 años, dijo que "lo ideal sería que lo entregaran o lo vendieran al menos", mientras un carabinero resguarda la entrada que tiene los vidrios rotos.
El gobierno anunció el envío de 240.000 partidas de alimentos hacia la conmocionada región y dijo que se preparaba ampliar la ayuda a 600.000 raciones.
El toque de queda regirá el martes desde las 00H00 hasta las 06H00 locales (03H00 a 09H00 GMT) y se dispuso un amplio operativo militar, informó Bosco Pesse, general de brigada del Maule. "El ejército ha desplegado fuerzas suficientes que en estos momentos se han terminando de distribuir por la región", sostuvo.
El toque de queda "no se inicia antes, porque estamos en todo un proceso de apoyo a la comunidad y de entrega de elementos básicos, víveres, frazadas, agua en distintos sectores", explicó Pesse.
Esta restricción se suma a la decretada el domingo en Concepción, donde se han registrado masivos saqueos, turbas e incendios intencionales en grandes tiendas.
"Estamos llegando a todas las comunidades que hay que abastecer y apoyar por vía marítima, aérea y terrestre, y esto lo hemos iniciado hace 24 horas (...) Estamos abocados a resguardar la tranquilidad", agregó el general.
Constructoras culpables
Santiago era una ciudad en pleno "boom" inmobiliario, con exigentes normas de construcción antisísmicas, pero el terremoto del sábado dejó al desnudo incumplimientos que convirtieron a muchos propietarios de vivienda en damnificados.
Un flamante edificio de departamentos tendrá que ser demolido, escuchan con resignación propietarios que hasta antes del sábado abrazaban el logro de vivienda propia.
"El muro de la cocina se cayó sobre el comedor y bloqueó la salida del departamento. Lo había comprado hace sólo dos meses", relató a la AFP Marlene Cardeiro, dueña de uno de los modernos departamentos del complejo de edificios Torre Ezequiel y Torre Macul, ubicado en la comuna de Macul, oriente de la capital.
En el piso 18 del edificio, Cardeiro sobrevivió junto a su pareja e hijo al sismo 8,8 que azotó a Chile, y que dejó a este inmueble con grave daño estructural que hace inevitable su demolición.
"Estábamos acostados, mi pareja me levantó del brazo y empezó un remezón tremendo que nos botó. Nos abrazamos los tres esperando lo peor", agregó mientras recorría el subterráneo de los dos edificios -que albergan a unas 340 familias-, donde se observa la loza hundida y deforme, y los pilares quebrados.
Igual situación corren varios inmuebles en toda la región Metropolitana, que los últimos años ha vivido un boom de la construcción.
Una evaluación preliminar habla de unos 1.500 inmuebles afectados sólo en el centro de Santiago, en su mayoría casas antiguas pero también algunos departamentos nuevos, como el de Marlene.
"Un ingeniero y bomberos que evaluaron los edificios nos dijeron que estos habían perdido la capacidad de resistir otro sismo. La losa bajó y las estructuras están inclinadas. La constructora pretende reparar, pero qué va a reparar, si esto hay que demolerlo", enfatizó Víctor Teuber, otro habitante de este edificio, que vivía en el noveno piso.
En este edificio, el departamento más barato costaba unos 40.000 dólares, con rentas mensuales promedio de más de 560 dólares.
Las autoridades culpan a un desacato en las normas de construcción en los últimos años. "Aquí no se respetó la norma de construcción de Chile, que es la más exigente de la región", aseguró la ministra de la Vivienda, Patricia Poblete.
La ministra advierte no obstante que los departamentos están garantizados por 10 años, según una ley de calidad.
En el condominio El Alto de Maipú en Santiago, de no más de cinco años de existencia, otros 1.000 habitantes debieron también desalojar sus departamentos, ante el riesgo de derrumbe.
"Toda la gente tiene miedo. Se está todo cayendo a pedazos, vino un ingeniero de una constructora y dijo que esto se podía caer", dijo una de sus habitantes evacuadas.
"No tenemos seguros comprometidos, porque a nosotros se nos vendió esto como antisísmico, ahora no sabemos quién responderá", dijo otra moradora.