Una comisión de indígenas, diputados y observadores panameños aborda este viernes el caso de hidroeléctricas en áreas de las comarcas ngöbe buglé o aledañas a éstas, un conflicto que originó las revueltas de nativos.

La comisión examinará la ley 415 sobre la regulación de la actividad minera e hídrica en el país, y el artículo 5 que había sido excluido del texto en enero pasado cuando fue aprobada en primer debate, lo que provocó el bloqueo de carreteras por los originarios y una represión policial brutal que dejó dos muertos y decenas de heridos.

En la metodología aprobada por las partes para llevar por el mejor camino las negociaciones, el artículo 5 en disputa ha sido dividido en cuatro temas el primero de los cuales, la minería, ya fue aparentemente consensuado ayer.

Ausencia Palacios, uno de los dirigentes ngöbe buglé, quien participa en el debate, confirmó que se acordó cancelar todas las concesiones mineras otorgadas y las que están vigentes, así como derogar la ley 41 de 1975 sobre la explotación de cobre en Cerro Colorado.

El dirigente calificó de paso importante el dado ayer y expresó su esperanza de que hoy se logre algo semejante en el caso de las hidroeléctricas. El presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, Raúl Hernández, coincidió con Palacios.

El diputado reconoció el trabajo de los mediadores en el diálogo, sobre todo su ayuda para mantener el orden y la disciplina en los trabajos de la comisión.

Precisamente fueron los moderadores de las iglesias católica, evangélica y el rector de la Universidad de Panamá, quienes propusieron que la discusión del artículo 5 se dividiera en cuatro ejes: minería, hidroeléctricas, territorios anexos y cancelación de concesiones.