La supuesta existencia de grupos de sicarios y escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional Civil (PNC), denunciada por las destituidas autoridades del Ministerio de Gobernación (Interior), ha destapado una polémica en Guatemala.
El destituido ministro de Gobernación (Interior), Raúl Velásquez, respaldó este martes, en declaraciones a periodistas, la denuncia hecha ayer por su viceministro, Francisco Cuevas, también separado del cargo, de la existencia de al menos dos grupos de policías y ex policías sicarios (matones a sueldo).
Velásquez explicó que Cuevas, durante los cinco meses que estuvo en el cargo, investigó este caso y supo "cómo se protegía a mucha gente".
"Cuevas se hartó y tuvo que hacer la denuncia pública" porque se trata de "un caso muy grave", en el que también "se tiene que investigar al presidente (Álvaro) Colom", quien tenía conocimiento de estas denuncias, aseguró el ex funcionario.
Cuevas denunció ayer desde Estados Unidos la existencia de una red criminal dentro de la PNC, supuestamente vinculada a la ex viceministra del Interior y ex directora de la institución, Marlene Blanco.
Aseguró que la información le fue revelada a Colom y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que dirige el jurista español Carlos Castresana, y que se sentía "traicionado" con esa instancia por no investigar la denuncia.
Castresana, por su parte, aseguró que la Cicig sí investiga esa denuncia, y señaló a Cuevas de violar la "confidencialidad" requerida en este tipo de casos.
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarlane, también declaró hoy a periodistas que esa misión diplomática había recibido información sobre la existencia del grupo de sicarios dentro de la Policía.
McFarlane afirmó que es "muy peligroso" que existan estos grupos y que es importante que las autoridades investiguen a fondo la denuncia.
El recién estrenado ministro del Interior, Carlos Menocal, por su lado, manifestó ayer que "para nadie es un secreto que dentro de las fuerzas de seguridad pública han existido esas estructuras" y anunció que se harán las investigaciones necesarias.
Velásquez, quien se reunió este martes con diputados oficialistas y de oposición, manifestó que teme por su vida debido a las denuncias de Cuevas, y sin dar mayores detalles, denunció actos de corrupción en los programas oficiales de combate a la pobreza.
"No quiero ser el patito feo" de una investigación para ocultar grandes casos de corrupción en programas gubernamentales como "Mi Familia Progresa" donde "se están robando millones", acusó el ex ministro.
"Mi Familia Progresa" es uno de los proyectos impulsados por la administración de Colom para combatir la pobreza en las zonas rurales del país, consistente en la entrega de remesas económicas a las familias necesitadas, a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela y los centros de salud.
Velásquez fue destituido el domingo por Colom tras detectar supuestos actos de corrupción en la compra de gasolina para las fuerzas de seguridad.
El presidente, se defendió Velásquez, "no puede hacer señalamientos de corrupción sin pruebas".
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Ronaldo Robles, restó importancia a los señalamientos del ex ministro, a quien instó a presentar las pruebas ante la Fiscalía, y aseguró que las denuncias de Cuevas son investigadas por la Cicig.