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Congreso salvadoreño dividido ante veto a aumentar penas

San Salvador. Notimex. | 10 marzo de 2010

El Congreso de El Salvador se encuentra dividido en torno a aceptar o rechazar el veto presidencial impuesto a un decreto legislativo, que aumentó a 15 años la pena de cárcel a menores de edad encontrados culpables de delitos graves.

Los legisladores habían coincidido en rechazar en la sesión de mañana jueves el veto del mandatario Mauricio Funes, que aplicó a la reforma de la Ley Penal Juvenil, al subir de siete a 15 años la cárcel para los jóvenes infractores.

Sin embargo, tras el llamado que hizo Funes de acatar el veto, la aritmética parlamentaria es otra.

De los seis partidos en el congreso, sólo el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que mantiene diferencias con Funes sobre el tema, y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) consideran que el veto debe ser desechado.

Para lo que se denomina "superar" el veto presidencial al decreto legislativo, son necesarios 56 de los 84 votos posibles, la mayoría calificada. Sin embargo, ahora varios diputados se han retractado.

El legislador por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), Francisco Merino, explicó que algunos políticos quieren tomar esta problemática como un desafío al mandatario, que está devolviendo los decretos al parlamento con observaciones o vetados.

"Habemos varios que no estamos de acuerdo en superar el veto", agregó Merino.

El Partido Demócrata Cristiano, a través de su diputada Ana Guadalupe Martínez, pidió a la comisión legislativa una revisión u opciones y "no irnos por la superación del veto", porque eso sólo confronta a los órganos del Estado.

El veto del señor presidente ha sido mal enfocado. No hay ningún argumento válido en materia de inconstitucionalidad. Hemos estudiado de manera muy detallada", dijo por su parte el vicepresidente del Congreso, el efemelenista Sigfrido Reyes.

El político manifestó que es posible que para el mandatario y sus asesores la medida legislativa de incrementar las penas a los jóvenes delincuentes sea una estrategia desajustada del combate a la delincuencia, "pero eso no lo hace inconstitucional".